jueves 11 de septiembre de 2008

LA QUE NOS ESTAN LIANDO (3).

Esta política intervensionista y despótica usurpa el derecho de los padres a elegir –dentro de las opciones legalmente existentes- la lengua en la que quieren educar a sus hijos; otorga a los poderes públicos competencias tutelares de las que carece; atenta contra derechos y libertades fundamentales y aboca a la mayoría de alumnos de la enseñanza obligatoria a realizar sus actividades y funciones como personas, con los niveles más bajos de calidad e incompetencia en su desarrollo personal. Frente a esta situación y llegados a este punto, los padres como responsables y titulares subsidiarios del derecho a la educación, pero también el resto de miembros de la comunidad educativa y todos los ciudadanos de bien, debemos reivindicar frente a los poderes públicos y a los partidos políticos, el reconocimiento y respeto real y efectivo de este derecho como un verdadero Derecho Humano. Ello supone que todas las personas puedan recibir una educación y una formación de calidad; que los padres y tutores están legitimados para escoger el tipo de educación que desean para sus hijos o pupilos; que esta elección deberá poderse ejercitar en términos de verdadera libertad y en el marco de una oferta que atienda realmente a las demandas de éstos -también y de manera específica en materia lingüística-, y desde luego, que se garantice la existencia de una auténtica diversidad en la oferta pedagógica lo que implica la disociación efectiva entre la financiación y la prestación educativa. Por todo ello, creemos ineludible que los partidos políticos verdaderamente respetuosos con la normativa sobre Derechos Humanos deben ponerse a trabajar en esta dirección para lo que les proponemos la firma de un gran Pacto de Estado en materia de educación, un pacto escolar que garantice una instrucción y formación común y homogénea en todo el territorio nacional, cuya encomienda contemple la fijación de los objetivos y contenidos del sistema educativo, así como los criterios de evaluación e inspección de los diferentes niveles educativos y desde luego, el establecimiento de un sistema de financiación orientado al sujeto, que privilegie la responsabilidad personal y favorezca el ejercicio de la libertad de las personas, de tal manera que se elimine toda forma de discriminación en el ejercicio de la libertad de elección concebida como un derecho humano fundamental. A partir de ahí, el aprendizaje de las lenguas dejará de ser un elemento identitario para pasar a formar parte del contenido genérico del Derecho Humano a la educación.