En este contexto, la lengua como elemento vehicular de la enseñanza resulta determinante a la hora de conseguir una educación de calidad que reduzca los niveles de fracaso escolar. Desde 1953, la UNESCO sostiene con carácter axiomático que el mejor sistema de instrucción es la enseñanza en lengua materna. Otros organismos internacionales insisten en el hecho innegable de que los niños se desenvuelven mejor y asimilan mejor los conocimientos y capacidades del sistema si reciben la educación básica en su propio idioma. Nuestro Tribunal Constitucional tuvo ocasión de sentenciar en 1994 que quienes se incorporan al sistema educativo en una Comunidad Autónoma donde existe un régimen de co-oficialidad lingüística han de recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender y asumir los contenidos de las enseñanzas que se imparten, ya que en otro caso podrían quedar desvirtuados los objetivos propios del sistema educativo y afectada la plenitud del derecho a la educación que la Constitución reconoce. Sin embargo y pese a la vigencia e imperatividad de todos estos principios, lo cierto es que en determinadas Comunidades Autónomas este servicio se está prestando de manera arbitraria, sin sometimiento alguno a la Ley y al Derecho. A pesar de que el castellano es la lengua oficial del Estado y lengua materna de la mayoría de los españoles, los gobiernos autonómicos con lengua co-oficial están llevando a cabo políticas educativas a través de las cuales han impuesto coactivamente un modelo por el que únicamente unos niños reciben la enseñanza en una lengua que conocen, sin intervención alguna de sus padres o tutores en la elección de la misma y en muchos casos en contra de su propio criterio.
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